Desde finales de los cincuenta, han sido numerosos los estudios que reconocen la fuerte base regional nacional y plantean la necesidad de superar la inflexibilidad y las restricciones de las divisiones político administrativas a partir de procesos de asociatividad.

Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se reconoció la posibilidad de configurar regiones como espacios para planificar, administrar y gestionar problemas y temáticas que, por su naturaleza y dimensión, rebasan las capacidades de las entidades territoriales. Desde entonces han sido frecuentes los intentos por emprender ejercicios de regionalización, como apuestas estratégicas para la coordinación de políticas y la concertación de proyectos y acciones en el territorio.

Sólo a partir de la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) en el 2011, estos esfuerzos adquieren una posibilidad real de materializarse. Es así, como en el año 2013, las administraciones de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta reiteraron la voluntad política que se ha venido gestando por más de una década, por constituir una Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE).

La inclusión de esta iniciativa en la agenda política, es el producto no sólo del reconocimiento de la histórica y mutua dependencia entre las entidades territoriales, sino también el instrumento para seguir posicionándose como la primera región del país.

La consolidación de la RAPE Región Central va más allá de ser un simple ejercicio de planificación, para posicionarse como una apuesta por el desarrollo económico y social del territorio.

La RAPE busca consolidar un modelo de desarrollo caracterizado por la inclusión social, el conocimiento, el reconocimiento a la diferencia poblacional, de género, étnica y territorial, al tiempo que avanza en la disminución de la pobreza, el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado como contribución a la construcción de paz.